Quinto Poder
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El senador Didier Lobo Chinchilla lideró en la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado un debate de control político que encendió las alertas sobre los impactos, abusos y omisiones en la ejecución del proyecto Ruta del Sol III, especialmente tras la firma del denominado Otrosí 17.
“El país exige respuestas claras. No podemos permitir que, bajo figuras legales, se desmonten bras estratégicas y se afecte la confianza en la infraestructura nacional”, advirtió Lobo, quien además señaló a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) como principal responsable de garantizar la ejecución adecuada del contrato.
El senador de Cambio Radical alertó sobre afectaciones claves, entre ellas el riesgo de dejar inconclusos tramos estratégicos, como la glorieta del anillo vial en Bosconia, punto crítico de conexión entre Valledupar, el interior del país y la Región Caribe, donde actualmente se registran graves problemas de movilidad.
Lobo Chinchilla manifestó su inconformidad frente a las respuestas de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y de la concesionaria Yuma, señalando que sus actuaciones han profundizado la crisis del proyecto. Afirmó que la ANI habría modificado condiciones contractuales en favor del concesionario, permitido la aplicación de la regla de los 540 días que pondría en riesgo la ejecución de obras clave y autorizado la posible destinación de recursos de infraestructura al pago de obligaciones legales, sin suficiente concertación con las autoridades locales.
Frente a Yuma, sostuvo que varias de las problemáticas tienen origen en fallas de diseño y planeación, evidenciadas en situaciones de riesgo en Bosconia y afectaciones económicas en El Copey, y cuestionó que la empresa atribuya los retrasos a las protestas sociales, cuando estas surgieron precisamente por dichos errores. Además, advirtió que las dificultades financieras de la concesionaria también han incidido en el bajo avance del proyecto.
Asimismo, cuestionó que decisiones recientes podrían traducirse en la sustitución de obras de doble calzada por intervenciones menores, mientras recursos inicialmente destinados a infraestructura terminarían orientándose al pago de obligaciones legales con el concesionario.
Como resultado del control político liderado por el senador Lobo, se acordó la instalación de una mesa de trabajo con la ANI y el Ministerio de Transporte, con el objetivo de revisar de fondo el estado del proyecto, atender las problemáticas expuestas por los territorios y buscar soluciones que garanticen la ejecución de las obras comprometidas.
“El llamado es claro: el Gobierno Nacional debe responder a las regiones. Aquí no se trata de excusas, sino de soluciones reales para las comunidades que hoy se sienten abandonadas”, agregó el congresista.
Exigieron respuestas
En el debate participaron autoridades territoriales como los alcaldes de Bosconia, Jorge Patiño, y de Chiriguaná, Juan Carlos García; el secretario de Infraestructura del Cesar, Jorge Maestre Jaraba; y el secretario de Planeación de Aracataca, Magdalena, Pablo Segundo Peña.
El alcalde de Bosconia, Jorge Patiño, advirtió que la posible no continuidad de la variante vial representa un grave retroceso para el municipio, no solo por el impacto en la conectividad con Valledupar y el interior del país, sino también por los riesgos que deja una obra inconclusa. Señaló que el proyecto, que registra un avance cercano al 75 %, fue suspendido en medio de dificultades en la consulta previa, pese a existir compromisos institucionales, y alertó que la intervención incompleta del terreno ha generado condiciones de inestabilidad que ponen en peligro a comunidades como el barrio Cañaguate, además de frenar el desarrollo urbano y económico de varios sectores de Bosconia.
Durante la sesión, fueron citadas entidades del orden con competencia en el proyecto, incluyendo Corpocesar; los ministerios de Transporte, Ambiente e Interior; así como la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), la Superintendencia de Transporte, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y a Yuma Concesionaria S.A., encargada del proyecto Ruta del Sol III.
Obra inconclusa
El proyecto Ruta del Sol Sector III nació en 2010, cuando el entonces INCO (hoy ANI) firmó el contrato de concesión con Yuma para construir y mejorar más de 900 kilómetros de vía estratégica entre el centro del país y la región Caribe. La obra arrancó oficialmente en 2011 y entró en fase de construcción en 2012, pero rápidamente enfrentó dificultades: en 2015 los principales socios del concesionario entraron en liquidación y, para 2017, el escándalo de Odebrecht y la crisis financiera del sector terminaron paralizando completamente el proyecto, dando paso a litigios internacionales contra el Estado.
Aunque en 2020 se intentó reactivar con nuevos acuerdos y plazos, los problemas sociales, ambientales y jurídicos se intensificaron, especialmente desde 2022 con bloqueos, protestas y conflictos con comunidades en varios tramos, como el anillo vial de Bosconia. En 2025, el Gobierno y la concesionaria firmaron el Otrosí 17 para destrabar la obra, reduciendo intervenciones y ajustando el contrato; sin embargo, en 2026 persisten los incumplimientos, los bloqueos y la incertidumbre, dejando tramos inconclusos y evidenciando que, más de 15 años después de su inicio, la Ruta del Sol III sigue sin una solución definitiva.
