La Procuraduría General de la Nación requirió a la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán, y a los alcaldes de los municipios de La Paz, Manaure y San Diego, adoptar medidas urgentes para proteger a la población civil frente al riesgo inminente de enfrentamientos entre grupos armados ilegales.
El llamado también fue extendido a los comandantes de la Policía Nacional y de la Décima Brigada del Ejército, en el marco de la Alerta Temprana de Inminencia 005 de 2025, emitida por la Defensoría del Pueblo, que advierte sobre el posible agravamiento de la situación de orden público en esta subregión del departamento.
La Procuraduría Regional Cesar estableció como plazo máximo el 16 de junio de 2025 para que las autoridades involucradas informen sobre los avances y las medidas adoptadas para prevenir hechos de violencia y garantizar la seguridad de las comunidades.