Quinto Poder
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El Plan Nacional de Desarrollo plantea reemplazar el sistema de estratos por el Registro Universal de Ingresos (RUI) para una distribución más equitativa de los recursos.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo ‘Colombia potencia mundial de vida’ una propuesta para eliminar el actual sistema de estratos socioeconómicos y reemplazarlo por el Registro Universal de Ingresos (RUI). Esta iniciativa busca garantizar una distribución más justa de los recursos y evitar la discriminación basada en estratos, al tiempo que permitirá que los hogares paguen por los servicios públicos según su capacidad real de pago.
El RUI se alimentará de dos fuentes principales: el Registro Social de Hogares (RSH) y la autodeclaración de ingresos por parte de personas y hogares. Con esta información, el Gobierno espera establecer un sistema más preciso y equitativo para determinar quiénes realmente necesitan subsidios y quiénes pueden asumir el costo total de los servicios. La implementación de esta medida está prevista para el próximo año.
Actualmente, el sistema de estratos, establecido por la Ley 142 de 1994, rige las tarifas y subsidios de los servicios públicos domiciliarios. Sin embargo, se ha identificado que algunos hogares clasificados como estrato uno no se ajustan a la definición de “pobres o vulnerables”, lo que ha generado distorsiones en la asignación de subsidios. El nuevo enfoque busca corregir estas fallas y asegurar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan.
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) será el encargado de liderar la implementación de esta propuesta, la cual representa un cambio significativo en la política social y económica del país. El Gobierno espera que, con el RUI, se logre una mayor eficiencia en la distribución de los recursos y se reduzca la dependencia de subsidios estatales para aquellos hogares que tienen capacidad de pago.
Esta iniciativa forma parte de una visión más amplia del Gobierno Petro, que busca transformar la estructura social y económica del país, promoviendo la equidad y la justicia en el acceso a los servicios básicos. Sin embargo, su éxito dependerá de la claridad en su implementación y la capacidad para garantizar que los hogares más vulnerables no se vean afectados negativamente por el cambio.
El debate sobre esta propuesta ya ha comenzado, y se espera que en los próximos meses se definan los detalles técnicos y operativos para su puesta en marcha. Mientras tanto, el Gobierno insiste en que este nuevo sistema será un paso fundamental hacia una sociedad más justa y equitativa.
