Monsalvo apela la decisión y busca libertad en segunda instancia

En audiencia realizada este 21 de marzo, la defensa del exgobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco presentó recurso de apelación para entregar argumentos con los que sustentará la inocencia del exmandatario y con lo que busca su libertad en segunda instancia, en el proceso del Programa de Alimentación Escolar, PAE, que adelanta la Corte Suprema de Justicia.

En principio se demuestran los errores que la Fiscalía cometió y con lo que estructuró un supuesto peculado que inicialmente fijó en $3.174.651.582, la Corte posteriormente dijo que el cálculo estaba mal y estableció la cifra en $1.537.021.828, pero la defensa de Monsalvo Gnecco dice que ni el primer monto, ni el segundo son reales, que al contrario nunca existió peculado y que contrario a la versión del ente acusador, nunca hubo favorecimiento al particular, sino que el contratista tuvo pérdidas.

Para demostrar esto, la defensa del exgobernador es puntual al evidenciar las fallas de la Fiscalía cuando estableció las supuestas irregularidades en los valores del IPC (Índice de Precios al Consumidor), los impuestos o estampillas y las diferencias entre la estructura de costos frente a la ejecución reales del contrato.

Los alimentos, como todo, suben de precio. Este programa fue formulado con precios de 2014 para ser ejecutado con precios de 2015 y por esto, se debió definir desde el mismo 2014 un valor aproximado que pudiera evitar este efecto o regla económica. La Gobernación definió este indice en 4,4% y la Fiscalía dice que debió ser de 3,66%, es decir, 0,74% menos. Eso fue un estimado, pero la realidad de la inflación y el IPC en 2015 fue de 6,77% en general y 10,85% para el grupo de alimentos como lo calculó en su informe anual el DANE. Es decir, el 4,4% reconocido al contratista por la Gobernación debió subir a mínimo 6,77% con IPC General que, siendo un programa de alimentación, debió usarse el IPC especifico del grupo alimentos de 10,85% para el 2015.

Todo esto quiere decir que no hubo peculado o favorecimiento para el contratista y que al inverso de lo expuesto por la Fiscalía, el contratista tuvo pérdidas.

La teoría de la fiscalía dice que el valor de los tributos o estampillas debió ser de 4,5% y no 5,5%, cuando la defensa demuestra que 4,5% son las estampillas departamentales y con el 1% del Impuesto de Industria y Comercio, de orden municipal, el valor correcto es 5,5%. Situación que pone en evidencia la omisión por parte de la Fiscalía.

En la exposición de la defensa del exgobernador del Cesar en dos periodos, se establece, también, que existe una diferencia entre lo presupuestado y lo ejecutado pero yendo en contravía de los intereses económicos del operador y solo en el ítem de alimentos el contratista tuvo pérdidas por $2.756.273.158.

Si se quisiera concluir de manera distinta: sí hubo fallas en los cálculos del PAE 2015, pero favoreciendo a la Gobernación del Cesar y no al contratista.

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