Las claves del que sería el mayor fraude electoral en la historia de América Latina

Nicolás Maduro no podía permitir que el voto popular lo desplazara del poder y lo privara de la impunidad con la que se ha manejado durante años. Utilizando el aparato estatal, ejecutó una estafa electoral colosal que ha indignado al mundo.

Las actas electorales, una tras otra, mostraron un resultado similar y contundente: Edmundo González Urrutia arrasó en las urnas, con una ventaja de más de 30 puntos porcentuales, conforme a lo que indicaban las encuestas independientes. González, el candidato de María Corina Machado, se convirtió en símbolo de esperanza tras 25 años de chavismo que transformaron a una de las naciones más ricas de América Latina en una sombra de su antiguo esplendor.

Sin embargo, la dictadura personificada en Maduro y su círculo cercano —Diosdado Cabello, los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, Tarek William Saab y Vladimir Padrino López— tenía otros planes. Desde temprano, encuestas falsas auguraban una inverosímil victoria del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Incluso, el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa y el ex mandatario boliviano Evo Morales difundieron estas encuestas fraudulentas.

El fraude se consolidó mucho antes del domingo 28 de julio. El chavismo, decidido a no ceder el poder, comenzó su plan al impedir que Machado participara en los comicios. En cualquier democracia auténtica, un candidato no puede ser excluido arbitrariamente por decisión del gobierno de turno.

El régimen chavista —una maquinaria de corrupción que expulsó a millones de venezolanos y les privó de su derecho a votar— reforzará ahora su estructura interna, incrementará la persecución y represión, y consolidará sus relaciones internacionales con sus pocos aliados restantes: Rusia, China, Irán, Cuba, Nicaragua y Bolivia.

El régimen tenía razones para no ceder el poder. La Corte Penal Internacional (CPI) investiga a Maduro por crímenes contra la humanidad, y el último informe de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU documenta el “alarmante aumento en las desapariciones forzadas antes de las elecciones presidenciales en Venezuela”. La tortura, desaparición, secuestro y asesinato de opositores son prácticas habituales del chavismo.

Maduro sabía que su destino, de someterse al mandato popular, sería la cárcel, la extradición o el exilio. Además, enfrenta cargos por narcotráfico, con la DEA y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York señalándolo como uno de los líderes del Cartel de los Soles. Geoffrey Berman, fiscal que sigue el caso, cree que desde 1999 hasta 2020, Maduro y Cabello participaron en una “conspiración narcoterrorista corrupta y violenta” entre el Cartel de Los Soles y las FARC.

A lo largo de sus 25 años en el poder, el chavismo aspiró a ser la vanguardia de una revolución bolivariana que se extendiera por América Latina. En tiempos de crisis, el régimen se sometió a otras potencias, cediendo recursos naturales a China y Rusia a cambio de protección internacional y soportando las sanciones de Washington por sus violaciones a los derechos humanos.

El chavismo ha creado una estructura de poder tan colosal que desarmarla sería un desafío enorme para cualquier nuevo gobierno. Cargos en la justicia, fuerzas armadas, misiones diplomáticas y empresas estatales deberían ser reemplazados para poner fin a décadas de corrupción y complicidad. Pero ningún miembro del régimen estaría dispuesto a perder sus privilegios, y muchos podrían traicionar a sus superiores, revelando los detalles oscuros del Socialismo del Siglo XXI. Este riesgo no podía quedar en manos de las urnas.

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