Quinto Poder
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La investigación de la Fiscalía apunta a una presunta red que habría utilizado información y accesos internos para suplantar a clientes y mover ilegalmente más de $870 millones.
Una investigación de la Fiscalía General de la Nación puso bajo la lupa a tres hombres que estarían involucrados en un presunto fraude bancario superior a los 870 millones de pesos, ocurrido entre abril y agosto de 2024 y que habría afectado a 19 clientes de una entidad financiera en Valledupar.
Entre los procesados se encuentra Claudio David Coronado Aragón, quien se desempeñaba como empleado de la entidad bancaria. La hipótesis de las autoridades señala que habría aprovechado los permisos que tenía dentro de los sistemas de la institución para intervenir información de los usuarios y facilitar una serie de operaciones irregulares.
Según el expediente, el investigado habría ingresado con sus credenciales y, presuntamente, también con las asignadas a otros trabajadores para introducir registros biométricos falsos correspondientes a diferentes clientes.
Con esta maniobra, de acuerdo con la Fiscalía, se habrían tramitado cambios de tarjetas débito y crédito sin autorización de sus verdaderos titulares. Los nuevos productos financieros habrían terminado en manos de terceras personas.
La investigación también apunta a que algunas claves de acceso fueron modificadas para permitir que los recursos de los afectados fueran enviados hacia cuentas o productos financieros de otras personas.
El recorrido del dinero
En el caso también aparecen Jairo Alberto Cornelio Oyola y Karls Lewis Guzmán Jiménez. La Fiscalía sostiene que ambos habrían servido como receptores de parte del dinero que salió de las cuentas afectadas.
Una vez recibidos los recursos, estos habrían sido retirados a través de cajeros automáticos ubicados en Valledupar, Bogotá y Cali. También se identificaron, según el ente investigador, movimientos asociados con compras en establecimientos comerciales.
Por estos hechos, los tres hombres fueron acusados de hurto por medios informáticos agravado, bajo las reglas del procedimiento penal especial abreviado.
Medidas judiciales
El proceso avanzó ante un juez de control de garantías de Becerril, Cesar, donde la Fiscalía solicitó medidas restrictivas de la libertad para los investigados.
En el caso de Claudio David Coronado Aragón, fue ordenado su traslado a un establecimiento carcelario mientras continúa el proceso.
Entretanto, Cornelio Oyola y Guzmán Jiménez quedaron cobijados con medida de aseguramiento en sus lugares de residencia, es decir, bajo detención domiciliaria.
Las autoridades continuarán con el proceso judicial para establecer las circunstancias de los hechos y la responsabilidad que correspondería a cada uno de los investigados.
