Quinto Poder
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Este jueves 26 de marzo se realizaron las audiencias de imputación de cargos contra el abogado Juan David López Rojas, así como contra Feder Manjarrez López y José Carlos Toncel García, quienes fueron capturados por su presunta participación en un caso de extorsión al alcalde de La Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández.
En primera instancia, los implicados fueron acusados por los delitos de extorsión y concierto para delinquir, y se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, los detenidos habrían extorsionado al mandatario desde noviembre de 2025 hasta su captura, ocurrida el pasado sábado 21 de marzo. Según las autoridades, las exigencias se realizaban mediante llamadas telefónicas.
Dentro del material probatorio presentado por el ente acusador, se mencionaron audios en los que presuntamente los implicados manifestaban su intención de extorsionar también a la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán, con el fin de obtener un mayor beneficio económico, así como a otros mandatarios del departamento.
Según las autoridades, los capturados exigían al alcalde la suma de 300 millones de pesos a cambio de no divulgar información que, supuestamente, comprometería su gestión administrativa.
Durante la audiencia se explicó que la captura en flagrancia se produjo cuando, al parecer, uno de los implicados, Juan David López Rojas, recibía 70 millones de pesos en efectivo dentro de un maletín, en el interior del vehículo del alcalde. Posteriormente, al descender del automotor y avanzar unos metros, fue capturado junto con sus presuntos cómplices. El procedimiento se llevó a cabo en el parqueadero externo del centro comercial Mayales Plaza.
Asimismo, se conoció que el alcalde habría entregado previamente 50 millones de pesos como parte de las exigencias económicas derivadas de la presunta extorsión, que se habría iniciado desde el pasado 21 de febrero.
Según la investigación, el modus operandi consistía en que López Rojas, en su calidad de abogado, interponía denuncias penales ante la Fiscalía por supuestas irregularidades contractuales en la administración municipal, entre ellas, un contrato de transporte escolar, y, de manera paralela, las difundía a través de redes sociales y una página de noticias, lo que habría sido utilizado como mecanismo de presión.
Además, se indicó que cuando el mandatario accedía a las exigencias económicas, los señalados se retractaban de las denuncias previamente instauradas.
En medio de la audiencia, López Rojas intervino señalando: “Señor juez, con todo respeto le digo que existe una falta de motivación en la medida de aseguramiento y se le está dando valor a esta imputación pese a múltiples falencias, toda vez que la defensa se ha basado en hechos que no han sido debidamente sustentados, lo que demuestra un desequilibrio en la balanza”, indicó.
La audiencia en segunda instancia quedó programada para los próximos días. Cabe indicar que esta diligencia tuvo una duración aproximada de tres horas y finalizó a las 8:46 p.m.
